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La vivienda de la inmigración en España

agosto 3, 2006

El Observatorio Joven de Vivienda en España, ha publicado un artículo sobre Vivienda e Inmigración en España, firmado por Mikel Aramburu, profesor de la Escuela Superior de Diseño Elisava e investigador en
AEP Desenvolupament Comunitari y que Ha trabajado sobre temas relacionados con la inserción urbana de la inmigración, en el campo de la vivienda, el espacio público y la convivencia vecinal.

De su lectura, he extraído estos datos:

A 31 de diciembre de 2005 había en España 2.738.932 extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor, a los cuales habría que sumar un incierto pero importante número de personas en situación irregular.
En cualquier caso, se trata de un volumen de población importante (cerca ya del 10% de la población), que además se caracteriza por haber llegado recientemente: tres de cada cuatro en los últimos cinco años.
De estos cuatro millones aproximadamente de extranjeros que residen en España, el 80% son latinoamericanos, africanos, europeos del este o asiáticos, trabajadores inmigrantes que han sido absorbidos con enorme rapidez por las estructuras productivas y laborales sin que se hayan generado grandes conflictos.

Muy poco se ha hecho con relación a la vivienda para absorber esta población formada fundamentalmente por trabajadores que aportan, además de no pocas plusvalías privadas, importantes ingresos fiscales.
Parece que estas personas sólo interesan como puro músculo de trabajo, sin tener en cuenta que sus cuerpos también necesitan un techo donde guarecerse y descansar, un espacio de intimidad, de seguridad y de sociabilidad donde desarrollar su vida con autonomía y dignidad.

Las condiciones del mercado de la vivienda no son nada favorables para absorber esta nueva población.

Solo hay mercado de la vivienda, ya que carecemos de uno de los principales
instrumentos que el sector público europeo utiliza para contrarrestar la exclusión residencial: la vivienda de alquiler social: 1% de las viviendas ocupadas en España frente a 18% en Europa.

En las últimas décadas, la política de vivienda en España se ha limitado a favorecer el acceso a la propiedad, lo que ha provocado que, a fecha del 2001, sólo el 10% de los hogares españoles viva de alquiler (frente al 32% de media en la Unión Europea).

Actualmente esta disminución de la oferta de alquiler se topa con un aumento de la demanda por la conjunción de la inmigración (que en una situación de llegada reciente encuentra en el alquiler su destino ‘natural’) y los jóvenes autóctonos que encuentran crecientes dificultades para acceder a la propiedad, a lo que hay que sumar la formación de nuevos hogares a raíz del aumento de las separaciones matrimoniales y la persistencia de los sectores autóctonos socioeconómicamente más vulnerables.

Para los inmigrantes, el aumento de precios generado por la falta de oferta de alquiler ha incrementado las dificultades de acceso a la vivienda no sólo por el efecto de la subida de precios sino también por el endurecimiento de los requisitos requeridos (avales, meses de fianza), cuando no por la simple negativa a alquilarles.

Los inmigrantes, estén o no segregados por barrios o zonas, ocupan las peores viviendas.
Al concentrarse el acceso en este parque desvalorizado, las rentas de alquiler se ven presionadas al alza, con lo cual acaban pagando más por viviendas peores.

La frecuencia con que se dan formas de unidad doméstica extremadamente raras en el conjunto de la población española (familias extensas, varias familias viviendo juntas, familias nucleares que comparten piso con personas con las que no mantienen vínculos de parentesco) ilustra otra de las caras de este fenómeno que dificulta la integración y es proclive a generar conflictos de convivencia internos y externos a las unidades domésticas.

Este año se han publicado los resultados de una encuesta realizada a escala española sobre las condiciones de vivienda de los inmigrados extranjeros. El estudio realizado por el Colectivo IOE por encargo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es la primera encuesta a gran escala realizada en España sobre este tema.
La encuesta se basa en una muestra de 900 personas encuestadas en Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Representa, por tanto, el lado más urbano de este fenómeno.

Destaca el esfuerzo que los hogares de inmigrantes tienen que hacer para pagar la vivienda en cualquiera de los tres tipos de tenencia más frecuentes (por orden de importancia: subarriendo, alquiler independiente y propiedad) es de media inferior al 30% de los ingresos del hogar.

Teniendo en cuenta que los precios medios de las hipotecas y los alquileres que pagan no desmerecen los precios medios de mercado y que los ingresos del hogar están claramente por debajo de la media nacional (14.422 frente a 21.551 de media española según la Encuesta de condiciones de vida de 2004) la ecuación sólo puede resolverse con un importante hacinamiento (el 19% de los hogares encuestados tiene menos de 10m2 por persona, y el 56% menos de una habitación por persona).

Un 13% de los encuestados ocupa viviendas de propiedad y realiza un esfuerzo para pagar la hipoteca inferior al de quienes pagan alquileres; en el otro extremo, las formas más agudas de precariedad residencial tienen valores discretos: 0,4% en camas calientes o “pisos patera”, 1,1% duermen en la calle, y 0,5% en albergues y pisos de acogida.

El subarriendo de habitaciones, la situación más precaria entre los tipos de tenencia más frecuentes, disminuye conforme aumenta la antigüedad de la estancia en España: afecta a dos de cada tres inmigrantes que han llegado en los últimos dos años, a la mitad de los que llevan entre dos y cinco años, y a uno de cada cinco con más de cinco años. La vivienda en propiedad en cambio solo es significativa en este último cohorte: 1 de cada 3 la tiene.

Uno de cada cinco inmigrantes extranjeros que lleva más de 5 años sigue viviendo subarrendado.

Como conclusión:

El otro reto de la política pública de vivienda es la mejora de las condiciones de vivienda de los inmigrantes ya instalados, en función de su renta y en igualdad de condiciones que los demás, a través de diversos programas y recursos (vivienda protegida, subvenciones para pagar el alquiler, programas de mediación, etc.), que a su vez también contribuirían a mejorar las condiciones de acogida residencial de los recién llegados, ya que es a través de las redes sociales como se produce una buena parte de la acogida y la preferida por los propios inmigrantes.

Más información en:
Consejo de la Juventud de España

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